Lo que se ve a simple vista son rejas; las celdas con literas para ocho, un lavabo y estanterías abiertas, sin inodoros ni taquillas. En las llamadas “salas de ocio” no hay ocio: son dos estancias (una para hombres y otra para mujeres) sucias, oscuras, estropeadas, llenas de papeles y envoltorios por el suelo, cuyo único mobiliario son unas pocas mesas y sillas de acero, una tele sin mando a disposición de los internos y unas máquinas con tentempiés y bebidas (espacios “insuficientes”, según los jueces). Hay personas sentadas en el suelo sobre mantas o sacos de dormir. El frío de enero vacía los patios. El servicio médico está a tope, pero no existe una estancia de enfermería para aislar a algún interno si lo necesita y su enfermedad no es tan grave como para trasladarlo a un hospital.
La única celda con inodoro es la de aislamiento: un minúsculo espacio de azulejos con aspecto desolador y un banco de cemento que hace las veces de cama (sobre el que se coloca un colchón) en la que asusta imaginarse mucho tiempo.
Es el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche (Madrid). Funciona de forma muy parecida a una prisión, pero sus condiciones son peores que la mayoría de las modernas cárceles españolas. Sus internos no son presos. Están allí, sobre todo, por una infracción administrativa: entrar en España sin cumplir los requisitos. Son inmigrantes sin papeles.
Las mujeres, una treintena durante la visita, pueden pasar casi todo el día en la sala de ocio, donde también se desayuna, come y cena. Los hombres, aproximadamente doscientos, no caben todos juntos, de forma que se hacen dos turnos. Los del primero pasan la mañana en la estancia común y después de comer suben a las celdas. Entonces bajan los del segundo. Las celdas no se cierran durante el día y pueden estar entre los módulos, pero no hay nada que hacer.
Las mujeres están más tranquilas, sentadas o tumbadas, hablando en pequeños grupos o durmiendo en el suelo. La sala de los hombres está a reventar, y las quejas se suceden.
“Soy el 3.399. Por favor, quiero que me expulsen ya a mi país. Este sitio es insoportable, sucio, horrible. No hay nada, nada que hacer durante las horas que pasamos aquí. Mezclan a delincuentes con gente que no tiene papeles pero que jamás ha hecho nada malo.
Hay locos que, hasta que los detectan y separan, pueden hacer cualquier cosa a los demás. No nos dejan tener con nosotros el teléfono móvil. Ni la maleta con nuestras cosas. Ni podemos poner una sábana en la litera para que no nos dé la luz”.
Los internos, como el que habla, un argentino desesperado por volver a su país, se identifican con un número, no con su nombre y apellidos. Muchos escriben o gritan sus cifras identitarias mientras expresan un sinfín de quejas por la situación del centro.
Las protestas de los internos, en este y en otros CIE, llevan años sucediéndose. En estos momentos hay unos 750 internos —el 65% de su capacidad— en los nueve centros abiertos (en Algeciras, Barcelona, Málaga, Murcia, Fuerteventura, Las Palmas, Tenerife y Valencia, aparte del de Madrid), según aseguran fuentes policiales. Aunque no se reparten por igual entre todos ellos. Algunos están llenos y otros, como los tres de Canarias, muy por debajo de su capacidad; alguno, semivacío.
Los extranjeros, que en principio están allí por haber cometido una falta administrativa, pueden pasar encerrados un máximo de 60 días para que se proceda a la expulsión. Aunque no son presos, están privados de libertad, y para mantener el orden y asistirlos solo hay policías, que se ven obligados a hacer las veces de funcionarios de prisiones. La Defensora del Pueblo ha pedido que los agentes se dediquen solo a la vigilancia externa y que dentro sean sustituidos por asistentes sociales.
Un problema arquitectónico —es decir, de presupuesto— es que se junta a internos que han delinquido con aquellos que no. Al CIE se llega principalmente por no tener los papeles en regla, por haber cometido una acción contra el orden público o porque se haya sustituido una pena por delito por la expulsión. En una prisión, los preventivos no están con los penados; y dentro de estos, se distribuyen en función de su peligrosidad. En el CIE comparten celdas y un único espacio común.
Uno de los jueces de control del CIE de Aluche, Ramiro García de Dios, titular del juzgado de instrucción 6 de Madrid, denunció recientemente en una resolución el hacinamiento de los inmigrantes allí encerrados. Es cierto que no pasan en ese centro tanto tiempo como los presos en las cárceles, pero serán 60 días en salas repletas y sucias, sin apenas luz si hace frío y no se quiere salir al patio y con los derechos limitados sin que un reglamento haya fijado exactamente cómo. Solo hay una breve mención en la Ley de Extranjería y una orden ministerial de 1999 sobre sus normas de funcionamiento.
El CIE de Aluche está en el ojo del huracán después de que muriera una mujer congoleña a mediados de diciembre. Aún no se sabe la causa de su fallecimiento, pero sí que había pedido asistencia sanitaria hasta 10 veces antes de ser trasladada al hospital. Poco después, a principios de enero, un joven guineano de 21 años falleció en el centro de internamiento de Barcelona, tras lo cual la oficina del Defensor del Pueblo realizó una visita en la que detectó multitud de carencias en la asistencia sanitaria, tanto de medios como de método, y se urgió al Ministerio del Interior a paliar las deficiencias.
El Defensor del Pueblo, los jueces, los colegios de abogados y las ONG coinciden en pedir un reglamento con la máxima urgencia; una norma que delimite con precisión las condiciones que deben tener, cómo se debe tratar a los internos y todos los extremos en los que ahora cada CIE actúa como mejor le parece. Algunos tienen jueces específicos encargados del control, a modo de juez de vigilancia penitenciaria, otros no; algunos tienen inodoros en las celdas compartidas, otros no; algunos tienen asistencia sanitaria continuada, otros no; algunos tienen buzones para mandar quejas al director o a los jueces, otros no; algunos pueden leer sus derechos en los idiomas que normalmente hablan, otros no. Y hay medios de los que todos carecen.
En Madrid, los tres jueces que desde diciembre de 2009 se encargan del control del centro de Aluche han ido, con sus resoluciones, paliando las deficiencias que encontraban, en ocasiones a través de acuerdos conjuntos —a pesar de que cada uno de ellos pertenece a una asociación de jueces de distinta ideología—. De alguna forma, ante la falta de un reglamento, han ido dotando al centro de ciertas mejoras relativas al respeto de los derechos de los internos.
Han exigido que haya asistencia médica continuada; que los policías vayan identificados; buzones para quejas y que estas se envíen en el plazo de 24 horas y en sobre cerrado si así lo desea el interno; que nadie esté encerrado en la minúscula celda de aislamiento más de un día; que las ONG puedan acudir al CIE; que se amplíe el horario para las visitas de los familiares; que reciban suficientes productos de aseo; que se les dé un parte de asistencia médica cuando la reciban y que se remitan al juzgado las quejas por agresiones que denuncien. Han tratado también de ejercer un cierto control sobre la comida, por la que siempre ha habido quejas: se ha ordenado que la alimentación esté en perfectas condiciones higiénicas, en buen estado, y que las bandejas estén limpias.
Pero muchas veces han chocado con argumentos sobre la seguridad del centro. Es la razón que se usa para no permitirles usar sus móviles o no tener en las celdas sus enseres personales (que se guardan en una estancia aparte) ni taquillas cerradas para colocar sus cosas de uso diario. Otro problema es el presupuesto. Desde enero de 2010 llevan pidiendo, sin éxito, inodoros en las celdas —algo que, finalmente, parece que está en marcha— ante las numerosas quejas de personas que aseguraban que no les abrían por la noche y que debían hacer sus necesidades en bolsas —las mujeres sentadas o levantando la pierna en los altos lavabos—. En noviembre, los jueces dictaron una resolución conjunta decretando que les debían abrir en tres minutos desde que llamaran al timbre.
Tampoco se ha logrado que puedan disponer de crema hidratante si lo necesitan, como piden con insistencia los internos subsaharianos, que aseguran que en este clima se les destroza la piel.
“El problema principal es la propia concepción de los CIE en la ley”, señala la Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano. “Se establece un paradigma, el penitenciario, para después decir que debe haber una privación de libertad distinta, pero sin regular cómo debe ser y cuáles han de ser sus límites. El reglamento es una obligación legal y una necesidad real”.
Noticia extraida de: http://politica.elpais.com/politica/2012/01/30/actualidad/1327886119_843664.html
+ info: http://cerremosloscies.wordpress.com/
